Tras nota del Bee, el procurador de CA revisará retirada de cargos contra sacerdote

El procurador general de California, Rob Bonta, aceptó investigar la decisión de la fiscal de distrito del Condado de Calaveras de retirar los cargos contra un sacerdote acusado de numerosos delitos sexuales contra menores.

La rara intervención de Bonta se produce a raíz de una investigación del Sacramento Bee sobre el manejo de la causa penal contra el padre Michael Kelly, quien huyó a su Irlanda natal, donde permanece actualmente.

La investigación del Bee encontró que, a pesar de prometer públicamente que haría todo lo posible para extraditar a Kelly de Irlanda, la fiscal de distrito del Condado de Calaveras, Barbara Yook, emprendió pocas medidas, si alguna, para cumplir con ese compromiso. Kelly fue acusado en 2014 de abusar sexualmente de un niño de 10 años, Trevor Martin.

Kelly y la Iglesia ya habían sido declarados responsables en 2012 de abuso sexual en un caso civil que involucraba a otro niño. Kelly había fungido previamente como sacerdote en Nuestra Señora de Fátima en Modesto en la década de 1970 y también ayudó a fundar la Asociación de Futbol Juvenil de Modesto.

En un correo electrónico a The Bee, la oficina del procurador general dijo que estaba revisando si la decisión de la fiscal de retirar los cargos contra Kelly en 2016 fue un “abuso de discreción”.

“Abuso de discreción” es un término técnico en la profesión legal que aplica un estándar de juicio en cuanto a si cualquier autoridad legal razonable pudiera llegar a la misma conclusión. La decisión de Bonta de revisar el caso es extremadamente rara, dijeron múltiples expertos legales, y abre la posibilidad –que parecía una posibilidad remota hace meses– de que Bonta pudiera volver a presentar cargos, asumir el caso y liderar un esfuerzo de alto perfil para extraditar a Kelly.

La fiscal de distrito del Condado de Calaveras retiró los cargos contra Kelly después de que Trevor muriera en 2016 en un accidente de salto base.

La investigación de The Bee reveló una serie de hallazgos preocupantes:

▪ El Condado de Calaveras parece haber adoptado pocas o ninguna medida concreta para extraditar a Kelly. Según la fiscalía de distrito del Condado de Calaveras, agentes del FBI dijeron a la fiscal que Irlanda “no estaba dispuesta a extraditar a Kelly”. Pero no está claro si se trató de una mera opinión o si se llevó a cabo algún proceso real de extradición.

▪ Los fiscales del Condado de Calaveras retiraron los cargos contra Kelly tras la muerte de Trevor, una medida que expertos legales consideraron cuestionable. Los expertos legales también dijeron que se violaron los derechos constitucionales de la madre de Trevor cuando no le informaron que tenía derecho a objetar ante un juez antes de que se retiraran los cargos.

▪ Según múltiples expertos jurídicos, la fiscal también violó los derechos constitucionales de Trevor al no informarle que Kelly había sido arrestado en Marruecos y estuvo encarcelado durante meses. Kelly regresó finalmente a Irlanda.

▪ En un principio, la fiscal del Condado de Calaveras reconoció que había perdido inexplicablemente todo el testimonio del jurado de instrucción, lo que ponía en peligro cualquier futuro procesamiento de Kelly. La fiscalía también admitió que había perdido el encausamiento real, que también contenía evidencia valiosa. “Después de buscar en cuatro almacenes de archivos y dos edificios, no pudimos localizar el archivo en papel”, dijo la fiscalía de distrito a The Bee. Sin embargo, después de que la investigación se publicara en internet, la fiscalía de distrito dijo que había encontrado el archivo.

Una semana después de que se publicara la investigación, la madre de Trevor, Deanna Hampton, escribió a Bonta pidiéndole que investigara la conducta de la fiscal y se hiciera cargo del caso.

“No fue hasta que mi hijo murió en un accidente de salto en un acantilado cuando me enteré de que el FBI había encontrado al padre Kelly en Marruecos”, escribió Hampton, y añadió: “Me enteré en una reunión... de que como mi hijo había muerto, ya no había víctima, y que liberarían al padre Kelly de la cárcel marroquí. Les rogué que lo extraditaran para que al menos enfrentara los cargos por huir durante una investigación criminal, pero se negaron”.

Continuó: “Les pido que al menos investiguen el caso y me digan porqué se retiraron los cargos, porqué nunca se me informó de una audiencia para retirar los cargos en la que pudiera oponerme a esta acción, o porqué los documentos judiciales se perdieron inicialmente, y luego, por alguna razón, se sellaron. Me gustaría que reabrieran el caso y volvieran a presentar los cargos contra el sacerdote. Creo que se nos negó la justicia tanto a mi hijo como a mí”.

La fiscal de distrito del Condado de Calaveras no respondió a las preguntas sobre la decisión de Bonta de revisar el caso. En su lugar, Michael Hatfield, un analista de programas de la fiscalía, dijo a The Bee que “solicitamos proactivamente a la Procuraduría General que revisara el expediente de este caso”.

Sin embargo, la decisión de la Procuraduría General de investigar parece haber sido provocada por la madre de Trevor. En una carta a Hampton, la Procuraduría General dijo: “En respuesta a su solicitud, acordamos revisar la decisión de la Fiscal de Distrito”

El padre de Trevor Martin, Michael Martin, de quien Hampton está divorciada desde 2004, dijo que estaba “temblando de rabia” después de leer la investigación de The Bee. Dijo que desde entonces ha mantenido varias conversaciones con la fiscalía de distrito.

“No podía entender cómo pudieron perder todas esas transcripciones del jurado de instrucción”. Martin fue informado de que, después de decir inicialmente a The Bee que los archivos no podían ser localizados, fueron finalmente descubiertos, pero en mal estado.

“Encontraron los documentos y tuvieron que meterlos en una liofilizadora”, dijo Martin.

Hatfield no respondió a las preguntas sobre la liofilización de las transcripciones.

“El procurador general está haciendo lo correcto”, dijo Martin. “Lo importante ahora es que Kelly sea traído de Irlanda y tenga que enfrentar a 12 jurados”.

En la carta a Hampton, la Procuraduría General no abordó el estado de los documentos. “Para facilitar esta revisión, hemos obtenido toda la información de que disponía la Fiscal del Distrito para llegar a su conclusión. Dado que el volumen de material recibido es significativo y que la revisión llevará algún tiempo, le pedimos paciencia. Una vez finalizada nuestra revisión, le comunicaremos nuestras conclusiones”.

Dan McNevin, sobreviviente de abusos sexuales y uno de los líderes de la organización activista SNAP (Survivors Network of those Abused by Priests), dijo que el hecho de que la Procuraduría General “esté investigando el hecho de no haber procesado al padre Kelly es sencillamente enorme y una oportunidad para que California afronte mejor un asunto en el que han tropezado gravemente”.

“Lo que Trevor y su familia sufrieron es más común de lo que la gente cree. Como muchos sacerdotes, Kelly se salió con la suya. Sigue saliéndose con la suya en Irlanda”.

McNevin y otros activistas se sintieron animados inicialmente en 2019 cuando el entonces procurador general Xavier Becerra citó a seis diócesis de todo California para obtener registros relacionados con el abuso.

McNevin dijo que, dadas las miles de víctimas en California, los activistas esperaban que la Procuraduría General publicara el tipo de informe exhaustivo que el entonces procurador general de Pennsylvania y ahora gobernador Josh Shapiro (a través de un jurado de instrucción) publicó sobre los abusos sexuales católicos en ese estado en 2018.

“Simplemente fue la cosa más decidida, a excepción de dar vida a nuestros cuatro hijos, que he hecho en mi vida”, dijo Shapiro a The New York Times en 2018.

Pero después de esa ráfaga inicial de actividad en 2019, el interés en investigar los amplios abusos dentro de la Iglesia católica por parte de la Procuraduría General pareció “oscurecerse”, en opinión de McNevin.

“Las revelaciones sobre el caso de Trevor Martin”, dijo McNevin, “parecen haber encendido el fuego en la Procuraduría General”.

La semana pasada, McNevin dijo que la oficina de Bonta se puso en contacto con SNAP para concertar una reunión en noviembre para discutir un tesoro de datos e información que la organización ha estado tabulando. Entonces llegó la noticia de la revisión del caso de Trevor Martin.

Es probable que la revisión de Bonta se centre en determinar si se violaron los derechos constitucionales de Trevor y Hampton en virtud de la Ley Marsy, una propuesta electoral sobre los derechos de las víctimas aprobada por los electores en 2008.

Mariam El-menshawi, directora ejecutiva del Centro de Recursos Jurídicos para las Víctimas de California de la Escuela de Derecho McGeorge, dijo que le parecía “bien que Bonta revisara el caso”.

“Definitivamente creo que parte de la revisión debería incluir una evaluación de si se cumplieron los derechos de las víctimas en este caso”, dijo El-menshawi. “Creo que este es un momento oportuno para reexaminar el estado actual de la aplicación de los derechos de las víctimas, y considerar cambios en los protocolos para garantizar que los derechos de las víctimas son honrados a través del proceso”.

Tim Steer, un ex sacerdote que prestó servicio en la diócesis de Oakland y se retiró del ministerio activo en 2005 en protesta por la complicidad de las diócesis católicas de toda California, dijo que la decisión de Bonta representa “un posible punto de inflexión en California para miles de víctimas de abusos”.

“El caso de Trevor es importante porque representa muchas dimensiones de cómo los abusos sexuales dentro de la Iglesia católica han sacudido California”.

Esta historia fue publicada originalmente el 6 de noviembre de 2023, 11:00 a. m..