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Aumento de muertes en centros de detención de ICE impulsa proyecto de ley en California para obligar a brindar mejor atención

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Resumen generado por IA y revisado por nuestra redacción.

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  • El SB 942 exigiría que los centros privados de detención de ICE obtengan licencias estatales de salud pública.
  • La concesión de licencias se vincula a normas federales y permitiría multas de hasta $25,000 por violación por día.
  • Los autores citan inspecciones, demandas y muertes bajo custodia para justificar mayor supervisión estatal.

Un proyecto de ley podría exigir que las empresas privadas obtengan una licencia de salud pública para operar centros de detención migratoria en el estado.

La Ley de Supervisión y Normas de Centros de Detención Privados de 2026 (SB 942) requeriría que los centros de detención privados obtengan una licencia estatal a través del Departamento de Salud Pública del Estado como condición para operar en California.

La senadora estatal Anna Caballero (D-Merced), quien coescribió el proyecto con el senador estatal Steve Padilla (D-San Diego), dijo en un comunicado de prensa que el estado ya licencia y regula a entidades privadas que brindan atención sanitaria y custodial. Señalaron que este proyecto es necesario para garantizar que las corporaciones privadas cumplan con sus obligaciones contractuales federales.

“California no esperará a que Washington actúe mientras la gente sufre a puertas cerradas,” Caballero dijo.

La obtención de la licencia estaría vinculada al cumplimiento de las normas de salud y seguridad ya exigidas en los contratos federales.

El proyecto autoriza la emisión, denegación, suspensión o revocación de licencias, y establece herramientas de cumplimiento, incluidas sanciones civiles de hasta $25,000 por infracción por día y planes de acción correctiva obligatorios. También incluye protecciones para denunciantes para prohibir represalias contra quien informe violaciones de salud o seguridad.

Elisa Rivera, directora de comunicaciones de Caballero, dijo que el proyecto “se aplicará a todas las instalaciones de detención privadas que operen en el estado de California” —no solo a las instalaciones que podrían abrir en el futuro.

“Cada inmigrante detenido en California está recluido en una instalación privada con fines de lucro. Estas instalaciones tienen un historial deplorable en nuestro estado,” Rivera dijo.

California tiene siete instalaciones de detención del U.S. Immigration and Customs Enforcement, todas operadas por empresas privadas.

La ley de California ya permite la revisión de las condiciones de detención, el debido proceso y el estándar de atención en las instalaciones de detención migratoria civil que operan en el estado.

Este proyecto proporcionaría una capa adicional de supervisión y responsabilidad, dijeron sus autores.

Citaron varias investigaciones del Departamento de Justicia de California, la Oficina de Responsabilidad Gubernamental, la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional y litigios civiles que han documentado repetidamente tratamientos médicos demorados, falta crónica de personal, condiciones de vida inseguras, suministros de alimentos y agua insalubres e inadecuados, y negativas a corregir violaciones en instalaciones de detención operadas por privados.

En muchos casos, las instalaciones continuaron operando a pesar de violaciones documentadas de sus propias obligaciones contractuales, dijeron los autores del proyecto.

“Estas no son instalaciones federales, sino instalaciones privadas que deberían cumplir con los estándares claros que aceptaron en su contrato,” dijo Rivera de la oficina de Caballero.

“California, como estado, tiene tanto el derecho como la responsabilidad moral de garantizar que se mantengan los estándares de salud en todas las instalaciones de detención. Nuestra ley busca asegurar que se mantengan esos estándares,” ella dijo

En diciembre, un equipo de inspectores de la oficina del Fiscal General Rob Bonta recorrió la más nueva y grande instalación de detención de ICE del estado, el California City Immigration Processing Facility, propiedad del operador penitenciario privado CoreCivic con sede en Tennessee.

En una carta de siete páginas enviada a funcionarios del Department of Homeland Security, Bonta expresó “grave preocupación” por la calidad de la atención médica y las condiciones de vida. Personas detenidas y grupos de derechos de inmigrantes demandaron recientemente a ICE por la supuesta negación de servicios básicos y atención médica insuficiente.

Los senadores estadounidenses Alex Padilla y Adam Schiff también recorrieron la instalación a mediados de enero y expresaron preocupaciones similares sobre el acceso limitado a la atención médica.

California City Immigration Processing Center es la mayor instalación de detención de ICE en California. La instalación de 2,560 camas fue anteriormente una prisión estatal operada por privados hasta que cerró a principios de 2024.
California City Immigration Processing Center es la mayor instalación de detención de ICE en California. La instalación de 2,560 camas fue anteriormente una prisión estatal operada por privados hasta que cerró a principios de 2024. MELISSSA MONTALVO mmontalvo@fresnobee.com

Supervisión federal debilitada bajo Trump

El año pasado, 32 personas murieron bajo custodia de ICE, lo que lo convirtió en uno de los años más letales registrados para la agencia.

Según un informe de The Guardian, ocho personas han sido asesinadas por agentes de ICE o han muerto bajo custodia de ICE en este año.

Al mismo tiempo, la administración Trump ha desmantelado las oficinas de supervisión del Departamento de Seguridad Nacional, como el Defensor del Pueblo de Servicios de Ciudadanía e Inmigración y el Defensor del Pueblo de Detención de Inmigrantes, según un informe de The Atlantic.

“Este proyecto de ley establece un límite claro. Si quieres operar en California, tendrás que rendir cuentas o no podrás operar en absoluto”, dijo Caballero.

Durante la primera administración de Trump, los legisladores intentaron prohibir las instalaciones de detención privadas en California, una medida que fue impugnada en los tribunales. En 2024, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de los EE. UU. falló que una ley estatal de 2019 que habría prohibido las prisiones privadas y las instalaciones de ICE administradas por privados en California violaba la Constitución, afirmando una decisión de un tribunal inferior que la ley interfería con la capacidad del gobierno federal para aplicar la ley de inmigración.

Caballero y Padilla también presentaron otro proyecto, SB941, que prohibiría el incremento excesivo en el precio de los productos vendidos en instalaciones de detención privadas.

ICE y los operadores penitenciarios privados CoreCivic y GEO Group no pudieron ser contactados para comentar sobre la legislación propuesta.

Esta historia fue publicada originalmente el 3 de marzo de 2026, 2:33 p. m. with the headline "Aumento de muertes en centros de detención de ICE impulsa proyecto de ley en California para obligar a brindar mejor atención."

Melissa Montalvo
The Fresno Bee
Melissa Montalvo is The Fresno Bee’s accountability reporter. Prior to this role, she covered Latino communities for The Fresno Bee as the part of the Central Valley News Collaborative. She also reported on labor, economy and poverty through newsroom partnerships between The Fresno Bee, Fresnoland and CalMatters as a Report for America Corps member.
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